Crimen, violencia y estancamiento político en El Salvador: más de lo mismo

San Salvador, El Salvador (openDemocracy) – Entre enero y septiembre de 2015, un total de 5,015 homicidios fueron registrados en territorio salvadoreño – un aumento del 71% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Las estadísticas indican que el 2015 está en camino a convertirse en el año más sangriento de la historia reciente salvadoreña, que ya de por sí se caracteriza por sus altos índices de crimen y violencia. Sólo en el mes de agosto se contaron más de 900 homicidios, una cifra que se compara solamente con la matanza que azotó al país durante los meses más violentos de su brutal guerra civil en la década de los 1980s. Y con un importante aumento en los enfrentamientos letales entre pandillas y agentes de seguridad y una creciente incidencia de actividades criminales destinadas a intimidar los ciudadanos, la dinámica actual de la violencia en El Salvador está pasando de ser un simple problema de seguridad pública y aplicación de la ley a ser una crisis más grave que se asemeja a un conflicto armado.

La violencia en El Salvador es, sin lugar a duda, nada nuevo. Desde el final de la guerra civil en 1992, los niveles de inseguridad fueron aumentado a medida que pandillas rivales se han apoderado de barrios, luchando entre ellas por el control del lucrativo mercado del menudeo de drogas y extorsiones. Mientras que la violencia relacionada con la presencia de pandillas ha sido un factor omnipresente en las vidas cotidianas de los salvadoreños durante estas últimas dos décadas, este último estallido de violencia y el grave empeoramiento del problema de inseguridad han comenzado a revelar la verdadera magnitud de una crisis política y social que continua siendo el mayor obstáculo para un futuro más prometedor.

No hay “mano inteligente” que pare la violencia

Frente a una creciente presión por parte de la ciudadanía, el Presidente Sánchez Cerén anunció, poco después de su toma de posesión en junio de 2014, la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia – llamado a participar a un amplio grupo de representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional para desarrollar un nuevo plan integral de seguridad ciudadana. Tras seis meses de discusiones y mesas de trabajo, el Consejo hizo entrega al Presidente el denominado “Plan El Salvador Seguro – PESS”, el cual esboza una estrategia que tiene como objetivo combinar y coordinar los esfuerzos públicos, privados y de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis de inseguridad. Presentado por el gobierno como un importante avance, se lanzó la primera fase de implementación de la más reciente estrategia de seguridad – esta vez con la promesa que, en las palabras del propio Ministro de Justicia y Seguridad Pública, El Salvador cuenta ahora con una estrategia que no es ni “mano dura” ni “mano blanda”, sino “mano inteligente”.

En cierta manera, la “mano inteligente” del PESS de hecho refleja un intento honesto de superar algunas de las debilidades que han caracterizado a las estrategias de seguridad implementadas anteriormente, abordando la necesidad de reformas transversales destinadas a fortalecer el frágil sistema de justica, ampliar programas de prevención social y buscar un rol más activo por parte del sector privado en la creación de oportunidades para jóvenes en situación de riesgo. No obstante, a pesar de una fuerte campaña publicitaria por parte del gobierno en torno al lanzamiento del PESS, su implementación ha sido lenta y poco coordinada. Los índices de violencia continúan aumentando mientras que el gobierno se esfuerza por asegurar apoyo político, técnico y financiero para desplegar esta estrategia que viene con una factura de dos mil millones de dólares.

Es una historia recurrente en la larga lista de estrategias emblemáticas implementadas con evidentemente poco éxito por los gobiernos de turno en los últimos años. Durante dos décadas, gobiernos tanto de izquierda como de derecha han esperado su turno para apostar en lo que cada uno vende como la fórmula mágica para resolver la crisis de inseguridad: desde políticasmanoduristas de represión policial destinadas a desmantelar las organizaciones criminales, a programas sociales de prevención de la violencia, hasta el conocido intento de mediar una tregua entre las principales pandillas del país a cambio de un mejoramiento de las condiciones carcelarias y un apoyo a programas de reinserción para pandilleros activos.

A primera vista, no resulta necesariamente clara la razón por la cual tantos esfuerzos han producido tan pocos resultados. Parte de la respuesta está sin duda conectada a las dificultades técnicas y de financiamiento que han puesto un fin prematuro a ciertas medidas y estrategias. Pero enfocarse solamente en la falta de fondos y capacidades técnicas –como muchos gobiernos lo han hecho para justificar la falta de resultados—es engañoso.

La inseguridad es y ha sido, durante mucho tiempo, la principal preocupación de la ciudadanía salvadoreña. Dado el nivel de atención que se la da al tema en el debate público, a través de los años se han lanzado un número considerable de iniciativas para tratar de comprender y abordar los ciclos recurrentes de crimen y violencia. Instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacionales por igual han desarrollado una cantidad importante de conocimiento y capacidades técnicas que buscan explicar las causas estructurales de la violencia, ya sea como fenómeno social o desde un punto de vista criminal-penal.

Mientras que algunos estudios han subrayado repetidamente los obstáculos institucionales que obstruyen el establecimiento de un sistema de justica eficaz, otros se han enfocado en enfatizar las principales deficiencias del Estado salvadoreño en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos básicos, entre otros.

Al mismo tiempo, los recursos financieros para financiar estrategias de seguridad y prevención de violencia no han sido necesariamente escasos: las cifras de un estudio interno de un destacado think tank salvadoreño muestran que entre 2003 y 2013, el Estado salvadoreño asignó un total de cinco mil millones de dólares al sector de seguridad pública. En el mismo periodo, donantes y agencias de cooperación internacionales inyectaron unos 640 millones de dólares adicionales a cerca de 150 programas de prevención y rehabilitación. Teniendo en cuenta la relativa abundancia de planes, fondos y asistencia técnica por parte de organismos internacionales, la situación en la que se encuentra el país hoy en día es, cuando menos, desconcertante.

Sin compromisos a largo plazo, las divisiones persisten

Entre tanta confusión e incertidumbre, hay una cosa que se vuelve cada vez más clara: para poner un fin definitivo al sangriento ciclo de crimen y violencia, cualquier tipo de estrategia tendrá que ir de la mano de un acuerdo político nacional que transcienda divisiones políticas y sociales. No falta decir que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De su corta pero turbulenta historia, El Salvador ha heredado una sociedad profundamente dividida que se ha caracterizado por una cultura de confrontación –a menudo violenta—donde el debate público sobre asuntos de interés nacional está particularmente polarizado.

Image Source: Tony Bowden, Flickr, Creative Commons El Salvador Passport Stamp

Image Source: Tony Bowden, Flickr, Creative Commons
El Salvador Passport Stamp

En ninguna otra parte se reflejan más estas divisiones que en el sistema político salvadoreño, marcado por una dicotomía de izquierda contra derecha anticuada y ortodoxa. Un sinnúmero de intentos para llegar a un consenso político que transcienda líneas partidarias –algo crucial para emprender reformas institucionales de gran urgencia—han demostrado ser inútiles. Con las posibilidades para implementar soluciones a largo plazo casi inexistentes, la clase política ha concentrado sus esfuerzos en impulsar medidas reactivas eficaces para ganar elecciones en ciclos políticos teñidos por escándalos de corrupción y clientelismo, pero no para encontrar soluciones verdaderas.

En el más reciente intento de cerrar la brecha entre el partido gobernante de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se lanzó a finales de agosto una comisión interpartidaria con el objetivo de facilitar el diálogo y consolidar el apoyo político para emprender las reformas necesarias para la implementación del PESS. Pero luego del típico intercambio de acusaciones y la creciente desconfianza entre los archienemigos políticos, ARENA anunció poco meses después su decisión de retirase de la comisión en medio de una lluvia de acusaciones contra el FMLN por sus supuestos métodos de gobierno antidemocráticos y anticonstitucionales.

Esta crisis de inseguridad sin precedentes ha expuesto nuevamente el mayor defecto de la sociedad salvadoreña: la falta de un acuerdo político serio y sincero que deje a un lado las divisiones heredadas del conflicto armado. Si bien el PESS tiene el potencial de tener un impacto significativo a largo plazo en términos de reducir los índices de crimen y violencia en El Salvador, la continuación del estancamiento en la política salvadoreña solo puede llevar a la inevitable prolongación de un doloroso ciclo de estrategias de seguridad fallidas, más violencia y divisiones sociales más profundas.

El futuro de El Salvador no depende de nuevos estudios, estrategias y fondos. Depende de la capacidad de crear las bases para un acuerdo nacional que asegure una serie de compromisos a largo plazo por parte de todos los actores políticos en apoyo a un plan verdaderamente integral que aborde las causas estructurales de la violencia, repare el frágil aparato estatal, fortalezca el acceso a la justicia y cree oportunidades reales para la juventud del país.

Ahora, más que nunca, la sociedad salvadoreña debe asumir el reto de dejar atrás su legado como la sociedad latinoamericana más socialmente dividida y políticamente polarizada para comenzar a construir esas bases.

This report prepared by SEBASTIAN WEINMANN HAYEK  for openDemocracy.